Nunca pasa nada, pero, si pasa, si un trabajador muere a consecuencia de su actividad profesional, algunos datos curiosos: intervendrán siempre la Policía Judicial y la Inspección de Trabajo. Si se demuestra que la muerte es consecuencia de falta de medidas de seguridad y/o falta de formación de los trabajadores... los empresarios y encargados de velar por la seguridad de los trabajadores podrían incurrir en dos tipos de delitos:

Uno contra los derechos de los trabajadores y otro por homicidio imprudente.

Y así, en resumen, eso significa entre 2 años y medio y 4 años de prisión, inhabilitación para desempeñar la profesión y una multa de 115.000 € por cónyuge, 47.800 € por hijo menor de edad, 9.560 € por hijo mayor de edad y 9.560 € por cada uno de los padres del fallecido.

Eso sí, si no muere y sólo se lesiona, las penas no son para tanto, claro.





Publicado: 12 de Junio de 2017 a las 07:26